MSP Logo

Financiación pública

Constantemente se nos dice que no hay suficiente dinero actualmente para los muy necesitados servicios públicos para los más de mil millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso al agua y saneamiento, a la electricidad, y a la atención médica. Los 30 años de reestructuración neoliberal han marginado las prácticas alternativas de financiación, y propagado mitos sobre el necesario papel del capital privado para el desarrollo.

El MSP, al contrario, argumenta que la financiación pública continúa siendo una parte crucial de las estrategias progresistas, sostenibles y democráticas de inversión en servicios públicos y en infraestructura en el largo plazo en el Sur global.

Por ejemplo, en los casos de Brasil, China, Costa Rica, la India, Sudáfrica, Turquía y Venezuela hemos explorado el potencial de revivir y renovar a los bancos estatales como una opción viable para la financiación de servicios públicos.

También hay un gran capital público que se acumula en los fondos de pensiones públicos y los fondos soberanos de todo el mundo que presenta evidencia amplia de que la inversión puede ser reorientada hacia el desarrollo de infraestructura pública.

¿Qué papel deben tener los bancos públicos?

En State-owned banks and development: Dispelling mainstream myths desbancamos los argumentos neoliberales en contra de los bancos estatales.

Ya desde la antigua Babilonia las autoridades públicas tenían influencia en la provisión de financiación, y para contrarrestar el exceso de los préstamos privados. Sin embargo, el pináculo de la banca pública para el desarrollo y la infraestructura pública se dio en el periodo de la posguerra y el poscolonial cuando las autoridades desde Beijing a Washington a El Cairo intervinieron a través de la operación de instituciones crediticias efectivas y sostenibles cuando la financiación privada fracasó. Se estima que para la década de 1970 los bancos estatales controlaban el 40% de los activos bancarios combinados en países desarrollados, y el 65% de los activos en los países en desarrollo.

El ascenso subsecuente de la ortodoxia neoliberal desafió este crecimiento, argumentando que los bancos estatales eran nocivos para el desarrollo, y llevó a su reestructuración para alinearlos al mercado o para hacerlos desaparecer. Sin embargo ni la teoría ni la evidencia neoliberales han sido confirmadas y parecen estar sustentadas más en supuestos ideológicos que en experiencias documentadas en estudios de caso.

Un número significativo de activos de bancos estatales sigue existiendo a la fecha; se estima que el 22% de los activos bancarios en las economías emergentes y el 8% en las economías avanzadas están controlados por autoridades estatales.

Muchos bancos estatales han pasado por procesos de reestructuración neoliberal como la corporatización en maneras que ponen en duda su estatus de banco ‘público’. Sin embargo, en tanto no tengan que ser dirigidas exclusivamente por imperativos de rentabilidad, muchos bancos estatales siguen siendo capaces de financiar infraestructura y servicios públicos, y políticas fiscales al lado de sectores económicos claves como la agricultura, operaciones pequeñas y cooperativas.

También ofrecen ventajas claras, como se muestra en nuestro estudio de caso sobre la experiencia en Turquía. Reclaiming Turkey's state-owned banks muestra cómo estas instituciones han estado al centro de las estrategias nacionales de desarrollo y la construcción de infraestructura pública desde principios del siglo XX, acumulando los ahorros de las personas y utilizándolos para créditos nacionales para financiar proyectos gubernamentales. A pesar de la reestructuración neoliberal, tres grandes bancos comerciales de propiedad estatal y tres bancos de desarrollo pequeños continúan ofreciendo fuentes alternativas de financiación para el desarrollo de Turquía hoy en día.

A partir de la información de extensas entrevistas con más de 50 actores claves en este sector, los autores concluyen que el modelo de banca pública puede permitirle a los bancos estatales diferenciarse de los imperativos privados de maximización de ganancias con claras ventajas:

  • enfoque en coordinación financiera extramercantil
  • apoyo en tiempos de crisis financiera
  • acceso a financiación
  • provisión de un espacio seguro para los ahorradores
  • mayor eficiencia

Sin embargo, el modelo de banca pública está claramente bajo amenaza, y existe una necesidad urgente de desarrollar y discutir estrategias populares y políticas destinadas no solo a defender a los bancos estatales de Turquía, sino para reclamar sus mandatos más progresistas y para innovar mucho más allá de sus limitaciones actuales.

Inversiones socialmente responsables en el Sur global

En The Cupboard is Full: Public Finance for Public Services in the Global South estimamos que cerrar la brecha de los servicios públicos mundiales costaría US$75 mil millones por año, incluyendo los costos de capital, de operaciones y mantenimiento anuales. En comparación, los fondos soberanos (SWF, por su sigla en inglés) y los fondos públicos de pensiones  manejan de manera colectiva hasta US$10 billones en activos, y se espera que crezcan de manera substantiva durante la próxima década.

Los fondos públicos de pensiones están compuestos por contribuciones regulares de empleados públicos, que ofrecen pensiones fijas a sus miembros en el momento de su jubilación. Los SWF fueron creados por los gobiernos para acumular e invertir los ingresos provenientes de los recursos naturales (principalmente el petróleo y los minerales), superávits presupuestales y comerciales, así como otros ingresos estatales.

Después de la crisis financiera, estos fondos del sector público han buscado rendimientos más estables a través de colocar el capital en compañías de agua y electricidad de propiedad privada, operadores de infraestructura, y en compañías privadas de atención médica. El Ontario Teachers’ Pension Plan (Plan de Retiro de los Maestros de Ontario, Canadá), por ejemplo, posee tres compañías chilenas de agua privatizadas, cada una de las cuales tiene un rendimiento de más del 10% sobre la inversión (en parte gracias a las garantías gubernamentales), a pesar de los controvertidos debates en torno a si estas compañías han sido gestionadas para cumplir con objetivos sociales y extender la cobertura a los más necesitados.

Por tanto, ha habido creciente presión pública para cambiar las estrategias de inversión de los fondos para alinearlos con las tendencias más generales hacia la responsabilidad social. Como respuesta a ello, un número creciente de fondos público de pensiones y los fondos soberanos ha adoptado políticas y programas de inversión que consideren sus impactos más amplios.

El poner atención a las necesidades sociales puede ser una estrategia en la que todos ganen. Aun si la inversión en servicios públicos generalmente ofrece rendimientos menores que el capital privado en el corto y mediano plazo (1-3 años), esta representa una fuente más confiable de crecimiento del ingreso y de hecho puede traer mayores rendimientos en el largo plazo. Los autores calculan que dichas inversiones en infraestructura pública podrían llegar a un rendimiento de referencia del 5% a más largo plazo ‒ comparable al rendimiento de 10 años de inversiones de más alto riesgo como títulos y propiedad inmobiliaria ‒, permitiendo que los fondos logren sus objetivos fiduciarios. Dicha estrategia podría evitar también la práctica contradictoria y políticamente controversial de usar fondos del sector público para apoyar la privatización.

Si los fondos públicos de pensiones y los fondos soberanos estuvieran dispuestos a invertir tan solo el 1% de sus activos en infraestructura de propiedad estatal, y operada por entidades públicas, crearían una capitalización inicial de hasta US$100 miles de millones, que es una suma suficientemente grande como para crear una diferencia inmediata en la escala y calidad de los servicios en el Sur global, y para apalancar contribuciones adicionales de gobiernos y agencias de desarrollo. 

La financiación puede ser canalizada mediante un fondo no gubernamental de desarrollo de infraestructura o un banco. Dicho banco independiente financiado a través de depósitos de fondos y las inversiones de los fondos podría ofrecer préstamos a proyectos con fuertes mecanismos de supervisión, que siguieranprincipios explícitos de equidad, acceso y la no mercantilización de los servicios públicos. También podría proveer financiación de largo plazo y a intereses bajos, viendo que la tasa específica dependiera del nivel de ingreso de la agencia pública a apoyar.

Los titulares de los fondos necesitan ser informados sobre las inversiones actuales y las estrategias de los fondos públicos de pensiones y los fondos soberanos. Si se logra hacer un argumento financiero y ético sólido para que los fondos apoyen inversiones socialmente responsables en servicios públicos, se podría galvanizar una coalición para presionar a los fondos, a los gobiernos, a la ONU, y a las instituciones financieras internacionales para que se comprometan a cerrar la brecha de financiación y a asignar fondos públicos para los servicios públicos.